Revuelo social tras anuncio de divorcio que faculta a primera dama como candidata presidencial
Mientras que la pareja
presidencial y el partido oficialista lo presentan como un gran sacrificio de
amor por seguir con los programas sociales iniciados en el actual Gobierno, la
oposición ve el divorcio y la candidatura de la primera dama a la presidencia,
como una burla. Mayra Rodríguez
Ciudad de Guatemala, jueves, 24 de marzo de 2011
La noticia, hecha pública esta semana aquí, es catalogada e burla al espíritu
constitucional por parte de la oposición a la actual administración del país,
cuando dicha aspiración se hizo pública el pasado 11 de marzo con la apertura
del expediente 1058-2011-324, asignado a la juez Mildred Roca Barillas en el
organismo judicial.
Tras ratificar la solicitud del divorcio ayer en el Juzgado Segundo de
Familia, este ente suspendió el vínculo matrimonial entre Sandra Torres, primera
dama de la nación y Álvaro Colom, presidente de la República, y fijó el 1ro de
abril como plazo para que la juez a cago resuelva, definitivamente.
El
anuncio de divorcio ha desatado los más variados comentarios y pasiones entre la
población guatemalteca que, en su mayoría, rechaza esta acción por creer que se
trata de una medida soez para permanecer en el poder, buscando sortear la
prohibición constitucional que impide optar a la presidencia a parientes del
presidente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad,
según el artículo 186 de la Constitución Política.
En un mensaje
difundido desde ayer por la primera dama, explica que el amor entre ella y el
presidente es más sólido que nunca, pero que tomó la difícil decisión de
divorciarse debido a los innumerables ataques hacia su persona, afectando su
dignidad como mujer y madre de familia, y para acabar con la falta de argumentos
de quienes se oponen a su proyecto político y que pretendían que su trabajo se
limitara a mera figura decorativa dentro del gobierno actual.
El
Tribunal Supremo Electoral estableció que con este divorcio, la precandidata
oficial no tendría ningún impedimento para participar en la contienda electoral
de septiembre próximo, pero que esto se concretará cuando la inscripción de la
separación legal se haga en el Registro Nacional de las Personas; sin embargo el
Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), afirma que el impedimento
se mantiene en tanto que la pareja presidencial está cometiendo un fraude a la
Carta Magna.
Pero para otros abogados penalistas, el divorcio
presidencial va más allá del fraude y aseguran que el presidente y su esposa
están incurriendo en graves violaciones a las leyes del país, entre ellos los
artículos 322 y 381 del Código Penal, referidos a la falsedad ideológica y la
violación a la Constitución.
Para el pastor Vitalino Similox,
secretario general del Concejo Ecuménico Cristiano de Guatemala, las
implicaciones políticas de esta decisión personal de la pareja presidencial,
hacen de ello un acto reprobable desde la perspectiva ética y moral, sobre todo
porque ponen en entredicho la importancia de la familia y de toda una cadena de
valores, por alcanzar el poder.
En la misma línea se expresa el pastor
Marco Antonio Rodríguez, ex presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala,
quien calificó de inconcebibles, inauditas e inmorales las intenciones de este
divorcio; “se burlan del pueblo!”, afirmó.
Para la Iglesia católica
esta decisión pone de manifiesto el amor al poder político, y tanto monseñor
Alvaro Ramizzzini, de la Conferencia Episcopal de Guatemala, como Nery Rodenas,
de la Oficina de Derechos Humanos del arzobispado, coincidieron en que se trata
de una decisión personal, pero que es lamentable el ejemplo que tanto el
presidente como la primera dama están dando.
La cámara empresarial del
país se pronunció también manifestando su preocupación por el daño que esta
decisión genera al sistema político, y pidió a los políticos respeto a las
instituciones, respeto a la familia y a los valores de la sociedad.
Sandra Torres anunció su intención de participar como candidata presidencial
el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y tres días después interpuso la
demanda de divorcio que daría fin a ocho años de matrimonio. Durante el gobierno
actual, Torres, además de dirigir la Secretaría de Obras Sociales del
Presidente, se desempeñó como coordinadora del Consejo de Cohesión Social, bajo
el cual se administran los programas de inversión social.
Antes de
conocerse la intención del divorcio presidencial, Álvaro Colom y políticos del
oficialismo rechazaban tal cosa, y manifestaron que sería algo inmoral si
ocurriese por buscar la presidencia para la primera dama.
El
rompimiento oficial ofrece una serie de argumentos de descalificación para la
oposición política en la contienda electoral; para una buena parte de la
población conservadora, es la oportunidad de reflexionar sobre los valores
fundamentales de la sociedad; para otros, la oportunidad de mofarse de la
situación diciendo: “que se alegre el presidente que el requisito no sea que
ella fuera viuda”, pero para la mayoría no es más que otro recurso de quienes
buscan el poder.
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